El lunes, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, rubricó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que acelera los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos; una medida criticada por la oposición y organizaciones sociales, que acusan al Gobierno de utilizar datos "sesgados" para responsabilizar a los extranjeros de delitos de narcotráfico.
En este sentido, la onegé AI Argentina advirtió de que la modificación de la norma por decreto 70/2017 no respeta los derechos humanos. "Reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error", indica AI en un comunicado emitido el lunes.
Reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error", indica Amnistía Internacional en un comunicado.
Según el análisis de la entidad pro derechos humanos, la enmienda elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina. “El establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y la permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas y vulnera el derecho de defensa", explica el texto.
En sintonía con AI, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) argentino aseguró que la modificación por decreto de la Ley de Migraciones deja atrás el paradigma de protección de derechos y lo cambia por el “estado de sospecha”.
“Con el DNU todos los migrantes son sospechosos”, recalcó el organismo no gubernamental, que ve en esa normativa un cauce legal para “el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”.
De acuerdo con el CELS, se pasa de una ley que respeta los derechos humanos a “una que entiende la migración como una amenaza a la seguridad del Estado” y “utiliza la ‘guerra contra las drogas’ como excusa para perseguir a los migrantes”. Algo así se compara con la política antimigratoria emprendida por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Contra el decreto de Macri, un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmó un duro petitorio en la plataforma Change.org, titulado “No a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”.
Macri modifica la ley migratoria pese a que en agosto de 2016 había dado un giro a su dura política contra la inmigración al anunciar que Argentina albergaría a 3000 refugiados sirios.
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