Según informó el miércoles el diario La Nación, fiscales alemanes reportaron “movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore” por parte de Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del presidente argentino, Mauricio Macri, quien también está involucrado en el escándalo de los papeles de Panamá.
Los datos recabados por la Fiscalía de Hamburgo dispararon -a nivel local- una veintena de denuncias penales, tras un análisis de la Procuraduría Antilavado, que estableció que había indicios suficientes para sospechar de los hermanos Macri y otras 67 personas ligadas a operaciones con dos sociedades con sede en Panamá y otros países.
En el caso de los hermanos Macri, los movimientos de dinero se realizaron en torno a de las sociedades BF Corporation SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay. Las maniobras fueron combinadas con movimientos de activos que habían sido depositados en el banco UBS Deutschland.
Estas sociedades, según el informe de la Fiscalía de Hamburgo, acumulan más de un reporte por operaciones sospechosas de lavado en el sistema financiero del país europeo que se potenciaron, luego de que se divulgara la investigación del diario Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), conocido como Panamá Papers.
Las autoridades alemanas también mencionaron a Juan Ramón Garrone, socio y directivo de la empresa Iecsa, propiedad de Angelo Calacaterra, primo del mandatario argentino. Garrone aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón de dólares.
El juez federal Sebastián Casanello podría extender la investigación sobre la familia Macri y su relación con empresas offshore y requerir datos adicionales a Alemania que se suman a la documentación ya solicitada a Panamá, Bahamas y Brasil.
El pasado 29 de noviembre, Macri firmó el decreto 1206/16 por medio del cual se les permite a funcionarios del Estado presentarse al blanqueo de capitales, declaración de la cual habían quedado exentos.
Desde la oposición denunciaron penalmente al presidente acusándolo del “delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por permitir que familiares directos sean aceptados dentro de la moratoria.
lvs/ctl/mkh/rba
