Por medio de un comunicado emitido el lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó de la inclusión de una “red internacional” en la lista de sanciones antisirias, acusada de, según alega la nota, abastecer de hidrocarburos a Siria, violando las sanciones impuestas contra ese país árabe.
Muchas de estas entidades son compañías fachadas que el Gobierno de Siria y sus simpatizantes han usado en un intento de evadir las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE)”, recalca el comunicado emitido el lunes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Muchas de estas entidades son compañías fachadas que el Gobierno de Siria y sus simpatizantes han usado en un intento de evadir las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE)”, recalca la nota.
En este sentido, el Departamento alega que las actividades de estas 11 personas y empresas han permitido al Gobierno de Damasco a “continuar alimentando el conflicto en Siria”.
De igual manera, el Departamento nombra siete navíos pertenecientes a las entidades sancionadas y considera que pueden ser confiscados si se encuentran en Estados Unidos o son detenidos por estadounidenses.
Según explica la nota, las sanciones consisten en congelar en Estados Unidos los activos de las citadas personas y empresas y prohíbe a partes estadounidenses la realización de transacciones con ellas.
Por otro lado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que sancionó a seis entidades públicas sirias.
“El Tesoro seguirá empleado sus sólidas herramientas financieras para debilitar la red de apoyo a (presidente sirio) Al-Asad (…) Estas sanciones intensifican la presión económica y financiera sobre el Gobierno sirio”, explica el comunicado.
El anuncio de la ampliación de sanciones antisirias tiene lugar poco después de que el Gobierno de Washington comunicara su disposición a tomar “medidas adicionales” para proteger a los insurgentes en Siria.
Mientras desde el inicio de la crisis siria en marzo de 2011, el Gobierno del presidente sirio, Bashar Al-Asad, no ha cedido en su incesante e infatigable lucha antiterrorista, los gobiernos occidental y sus aliados regionales no han escatimado ningún esfuerzo para presionar al Gobierno y nación de Siria.
El día 31 del pasado mes de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra un funcionario sirio y tres compañías por ayudar al Gobierno de Damasco en su lucha contra los terroristas.
Y el pasado 6 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó la continuación de las sanciones contra los individuos y entidades sirias como parte de las acciones de la “emergencia nacional” contra el Gobierno de Damasco.
Por su parte, la UE aprobó el pasado 6 de marzo, extender las sanciones contra individuos y entes que apoyan al presidente legítimo de Siria.
El pasado 28 de mayo, la UE prorrogó las sanciones impuestas contra el Gobierno de Damasco hasta el 1 de junio de 2016.
En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria denunció el 31 de mayo la decisión del bloque europeo de prorrogar por un año más sus sanciones contra el país árabe y consideró que la medida demuestra que “la UE es un cómplice principal en la conspiración tramada contra Siria (…) golpeando la vida de los ciudadanos sirios mediante estas injustas sanciones”.
El empeño de ciertos países occidentales y regionales, encabezados por Estados Unidos, en continuar con echar más leña al fuego del conflicto sin precedentes de Siria, brindando diversos tipos de apoyo a los terroristas y adoptando nuevas sanciones contra el Gobierno de este país, ha empeorado la precaria situación de los civiles en este país árabe.
El pasado mes de junio, el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), informó de la muerte de más de 230 mil personas tras el inicio de la crisis siria en 2011. Y detalló que de esa cifra 108.086 han sido civiles, entre ellos 11.493 menores y 7371 mujeres.
De acuerdo con el OSDH, durante el pasado mes de julio murieron unos 1021 civiles sirios, de los cuales 231 eran menores de 8 años y 159 tenían entre 8 y 18 años.
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