“En consideración a la actual coyuntura y con aras de contribuir a la necesaria estabilidad que demanda nuestro país, he presentado al presidente (Ollanta Humala) mi renuncia irrevocable al cargo y esta ha sido aceptada”, declaró el martes en una rueda de prensa Gustavo Adrianzén, el que fuera ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú.
En consideración a la actual coyuntura y con aras de contribuir a la necesaria estabilidad que demanda nuestro país, he presentado al presidente (Ollanta Humala) mi renuncia irrevocable al cargo y esta ha sido aceptada”, dice Gustavo Adrianzén, exministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú.
Horas antes y en la misma jornada, el presidente Ollanta Humala destituyó a la procuradora Julia Príncipe, que investigaba un presunto lavado de activos de la primera dama Nadine Heredia, alegando una “inconducta funcional” al hacer declaraciones públicas en torno al caso.
El pleno del Congreso del país iba a votar dos días después la moción de censura presentada en contra de Adrianzén por sancionar a Príncipe a causa de sus declaraciones sobre el caso a la prensa.

Por su parte, la procuradora Príncipe, que ocupaba el cargo desde 2009, rechazó la acusación de inconducta funcional y acusó a Humala de intentar frenar las investigaciones de presunta corrupción.
“Jamás se me pidió explicaciones sobre otros casos, pero sin embargo cuando me refiero a la señora Nadine Heredia se me pide explicación”, afirmó Príncipe en una conferencia de prensa.
Además se mostró “indignada” por su expulsión de la carrera fiscal y advirtió de que aun así “desenmascarará” a Adrianzén y al Gobierno. “Sé con quién estaba luchando y, por tanto, lo que podría ocurrir, y ocurrió”, añadió.
Las denuncias contra la esposa del presidente peruano coparon las portadas de la prensa durante el pasado mes de mayo, desde que la Fiscalía le reabrió una investigación por lavado de activos.
La Fiscalía acusó a Heredia de no haber justificado ingresos por unos 215 000 dólares entre 2005 y 2009, lapso en el cual Humala recibió financiamiento de empresas venezolanas, aunque el propio gobernante ha descartado cualquier ilegalidad.
Mientras Perú se prepara para las próximas elecciones presidenciales en abril del 2016, un sondeo nacional muestra que la desaprobación del presidente de Perú, Ollanta Humala, ha subido hasta alcanzar el 80 % en los primeros días de octubre.
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