La incorporación oficial ha tenido lugar durante una ceremonia a puerta cerrada en la sede de la CPI en La Haya (Holanda), exactamente 90 días después de que Palestina accediera al Estatuto de Roma, elemento constitutivo de la CPI.
La decisión palestina de unirse a la CPI se hizo en enero, después de décadas de conversaciones en vano con el régimen de Tel Aviv que no logró poner fin a las políticas expansionistas de los israelíes centradas en ampliar los asentamientos en los territorios ocupados palestinos.
Las autoridades israelíes, en un acto de represalia a la decisión de los palestinos de ingresar en la CPI, congelaron más de 127 millones de dólares de los fondos pertenecientes a los palestinos.
A finales de 2014, Palestina decidió adherirse a la CPI, que tiene por objetivo juzgar a los autores de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) rechazara un proyecto de resolución palestino que buscaba poner fin a la ocupación israelí antes de finales de 2017.
Al mismo tiempo que solicitó la adhesión a la CPI, el presidente palestino Mahmud Abás envió un documento a la CPI en el que autorizaba a la fiscal Fatou Bensouda investigar los presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos desde el 13 de junio de 2014.
Los más recientes crímenes israelíes contra los palestinos acaecieron durante la brutal ofensiva de 51 días lanzada contra la asediada Franja de Gaza, donde más de 2310 palestinos perecieron y más de 10.626 resultaron heridos.
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