Mientras los grupos cívicos han criticado al Gobierno de Tokio por la presencia militar estadounidense en la mencionada zona, los ambientalistas locales han expresado su preocupación por los daños que provocará la reubicación de la base al ecosistema del área.
En un acto similar, alrededor de 500 personas se concentraron ayer domingo frente a la estación de Policía de Nago para exigir la liberación de dos activistas, quienes fueron arrestados por militares de EE.UU. supuestamente por haber traspasado la puerta del Camp Schwab, ubicado en las proximidades del sitio en el que se prevé construir la nueva base.
El alcalde de la región costera de Nago, Susumu Inamine, también, ha criticado al Ejército de Estados Unidos y a la Policía de Okinawa por el arresto de la pareja.
Inamine llamó al pueblo de Okinawa a unir sus esfuerzos para frenar la iniciativa. “Levantamos nuestras voces para presentar nuestra demanda a EE.UU. y al Gobierno de Japón”, ha asegurado el alcalde.
El plan de reubicación se acordó en 1996, pero la mayoría de los residentes de Nago votó en contra del plan en un referéndum. La medida fue autorizada en diciembre de 2013 por el exgobernador de Okinawa Hirokazu Nakaima. Su decisión dio lugar a amplias manifestaciones en todo el país.
Según los informes, el 75 por ciento de las bases de Estados Unidos en el país del sol naciente se encuentra en la isla de Okinawa y alrededor de la mitad del total de los 50.000 militares estadounidenses destinados en Japón están estacionados en esa provincia.
Los habitantes de Okinawa, amén de estar alarmados ante los peligros que esa base podría entrañar para la isla, están indignados por los delitos sexuales que perpetraron varios infantes de marina estadounidenses, muchos de los cuales, hasta el momento, no han sido llevados ante la justicia por ello.
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