"Nuestra intención es retirarse de Israel. Tomará tiempo ... [pero] estamos seguros de que lo haremos", aseguró el miércoles Stéphane Richard, presidente ejecutivo de Orange.
Nuestra intención es retirarse de Israel. Tomará tiempo ... [pero] estamos seguros de que lo haremos", asegura Richard.
"Estoy listo para hacer esto mañana... pero sin exponer a Orange a grandes riesgos", afirmó.
El pasado mes de mayo, varios grupos de derechos humanos pidieron a la multinacional francesa Orange que denunciara los masivos “ataques a los derechos humanos” de los palestinos por el régimen de Israel, y que tomara medidas en contra de la firma israelí que está trabajando bajo una licencia de la compañía gala.
De acuerdo con las organizaciones pro derechos humanos, la compañía israelí Partner está involucrada en los proyectos de construcción de nuevos asentamientos ilegales en la ocupada Cisjordania y por eso debe ser condenada al aislamiento.
Orange había asegurado anteriormente que el contrato que tiene con la firma israelí fue heredado del pasado.
A su vez, Haim Romano, director ejecutivo de la compañía Partner Communications Company Ltd, se mostró decepcionado por la decisión de Orange.
Las crecientes actividades ilegales del régimen de Tel Aviv, como la construcción de asentamientos en los territorios palestinos, han levantado una masiva ola de rechazos y condenas a nivel internacional.
El pasado 15 de mayo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, condenó tajantemente los últimos planes del régimen de Israel para ampliar los asentamientos “ilegales” en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén).
Para el máximo responsable de la ONU, los asentamientos son “ilegales bajo la legislación internacional”, por lo que el régimen de Israel debe “detener y dar marcha atrás” a sus políticas expansionistas que dificultan el llamado proceso de paz.
La Unión Europea (UE), por su parte, deploró la decisión israelí de ampliar los asentamientos ilegales y pidió a las autoridades de ese régimen que abandonaran estas políticas.
Más de medio millón de israelíes viven en unos 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967 en Cisjordania, incluido Al-Quds.
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