• El presidente de la comunidad autónoma de Cataluña (noreste de España), Artur Mas.
Publicada: miércoles, 11 de noviembre de 2015 15:14
Actualizada: miércoles, 11 de noviembre de 2015 21:47

En España, la Audiencia Nacional ha amenazado este miércoles con llevar a la cárcel a los funcionarios catalanes que secunden la iniciativa independentista.

La Fiscalía de este órgano judicial español ha lanzado una advertencia muy dura a las autoridades locales y regionales, así como a los funcionarios públicos de la comunidad autónoma de Cataluña (noreste), advirtiéndoles de que quienquiera que conspire, proponga o provoque cualquier acto para romper España acabará en la cárcel.

De modo que cuando los actos constitutivos de ambos delitos vayan encaminados o dirigidos, como es el caso, a declarar la independencia de una parte del territorio nacional violando la legalidad constitucional y cambiando la organización territorial del Estado, deberán ser considerados como delitos contra la forma de Gobierno”, destaca en un escrito el fiscal jefe, Javier Zaragoza.

La decisión viene después de que el pasado lunes, el Parlamento de Cataluña aprobara con 72 votos a favor, pese a las advertencias del Gobierno central, una propuesta para iniciar el proceso de creación de una República catalana independiente de España.

La propuesta aprobada da un mes al próximo gobierno de la región, una potencia económica dentro de España, para que empiece a trabajar en una nueva constitución catalana que debería votarse en 2017, así como para comenzar a establecer sistemas de seguridad social y recaudación de impuestos.

Sin embargo, es inminente que la resolución catalana sea declarada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional (TC) de España, de modo que una vez neutralizada, cualquier acto posterior que no cumpla la decisión del TC será un “grave quebrantamiento de la Constitución”, por lo que a partir de ese momento, "cualquiera que ejecute, de cualquier forma, el mandato aprobado podría cometer delitos" de rebelión, con pena de hasta 30 años de prisión; o sedición, con pena de hasta 15 años de cárcel.

Diputados catalanes se levantan y aplauden tras aprobar la propuesta de iniciar el proceso de creación de un Estado catalán independiente de España, Barcelona, 9 de noviembre de 2015.

 

“De modo que cuando los actos constitutivos de ambos delitos vayan encaminados o dirigidos, como es el caso, a declarar la independencia de una parte del territorio nacional violando la legalidad constitucional y cambiando la organización territorial del Estado, deberán ser considerados como delitos contra la forma de Gobierno”, destaca en un escrito el fiscal jefe, Javier Zaragoza.

Cabe destacar que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, así como los diputados regionales, diputados nacionales y consejeros del gobierno catalán quedan fuera del ámbito de competencia de este órgano judicial, siendo el competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o, en el caso de "aforados nacionales", el Tribunal Supremo.

Pero otros funcionarios que colaboren en el proceso de independencia, incluidos alcaldes, policías locales, funcionarios, directores generales y cualquier cargo del gobierno catalán no aforado que lleve a cabo “actos directamente encaminados entre otros fines a cambiar ilegalmente la organización del Estado”, podrían estar cometiendo delitos contra la forma del Gobierno español, y ser en consecuencia perseguidos.

Asimismo, les podrán imputar y en su caso acusar de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y uso indebido de fondos públicos.

También este miércoles, el Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, ha presentado una impugnación legal ante el TC para que este suspenda la resolución del parlamento regional de Cataluña, que allanaría el camino para iniciar un proceso para independizarse de España en 2017.

El proyecto independentista catalán ganó ímpetu con una gran manifestación en la ciudad de Barcelona en septiembre de 2012 y alcanzó su clímax el 9 de noviembre de 2014, cuando una consulta popular informal congregó a 2,3 millones de personas para votar a favor de la independencia.

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