“No me escondo y lo digo. Me declaro máximo responsable de haber tomado esta iniciativa política y haber llevado a cabo el proceso participativo del 9 de noviembre del año pasado", ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), lugar al que asistieron miembros de su ejecutivo, parlamentarios nacionalistas y más de 400 alcaldes de la región.
No me escondo y lo digo. Me declaro máximo responsable de haber tomado esta iniciativa política y haber llevado a cabo el proceso participativo del 9 de noviembre del año pasado", declara el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Asimismo en una rueda de prensa celebrada posteriormente, en el Palacio de la Generalitat, se ha escudado en “la libertad ideológica y la libertad de expresión” por haber organizado el citado plebiscito.
Luego de definir la consulta como el "proyecto más importante" de su legislatura, ha dicho que el tribunal podrá juzgarle si comportarse “como un demócrata equivale a actuar como un delincuente”.
En este contexto, ha afirmado que el Gobierno español que a su criterio está actuando de una forma muy “dura, muy áspera” y a veces “muy sórdida” tiene que respetar derechos de los catalanes, además ha afirmado que “por haber dado la voz a la gente (...) debería comparecer ante un parlamento pero nunca ante un tribunal”.
De igual manera, ha subrayado que esa consulta fue celebrada como consecuencia de “una evidencia institucional y política y resultado de una intensísima participación ciudadana”.
A su llegada a la sede del TSJC, el presidente del gobierno regional catalán, ha sido recibido por más de 3000 manifestantes, que se habían congregado frente del juzgado para mostrar su apoyo a Mas, quien les saludó con cuatro dedos de su mano derecha, símbolo de las cuatro franjas rojas de la bandera catalana, y cantó junto a su amplio acompañamiento el himno regional.
La movilización de sus partidarios, que gritaban consignas como “¡Todos somos Mas!" o "¡Esto no es justicia, es inquisición!", ha sido calificado por el Poder Judicial como "un ataque directo y sin paliativos" contra la independencia de la Justicia.
El 29 de septiembre, el TSJC citó a declarar como imputado al presidente de la Generalitat, la exvicepresidenta de Cataluña, Joana Ortega, y a la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, que llevaron a cabo la consulta sobre la soberanía catalana el 9 de noviembre del 2014, sin la aprobación del Gobierno español.
Los demandados son acusados de usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación, por el proceso participativo del 9 de noviembre pasado.
Esto fue después de que el pasado 27 de septiembre, los partidos que impulsan la independencia de la región catalana proclamasen la victoria en las elecciones parlamentarias, a las que se les había dado carácter de plebiscito para la secesión.
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