"Nada ha cambiado (…) Nos rebelamos por el pan, la libertad y la justicia social, pero la situación ha empeorado", ha declarado este sábado Hani Chetaea, un funcionario que estaba presente en la emblemática plaza Tahrir el 28 de enero de 2011, cuando los manifestantes quemaron la sede del Partido Nacional Demócrata (PND), mientras exigían que se fuera Mubarak.
Nada ha cambiado (…) Nos levantamos por el pan, la libertad y la justicia social, pero la situación ha empeorado", ha declarado Hani Chetaea.
"Todos los días veo los trabajos de demolición del edificio del PND, pero cada día veo también cómo se construye un régimen aún peor", añade en referencia a la voluntad del actual Ejecutivo para derribar la sede del partido de Mubarak, con la pretensión de "borrar la historia".
En este sentido, un profesor de política comparada de la Universidad de El Cairo, Abdel Rabu, explica que “pese a todos sus defectos”, con Mubarak se podía negociar.
Por otro lado, Shahira Amin, una destacada periodista independiente egipcia, reveló el viernes cuatro pruebas de que la Administración de Al-Sisi es más extrema que la del anterior Mohamad Mursi, derrocado el 3 de julio de 2013 en un golpe de Estado que orquestó el actual mandatario.
En su informe denominado "por temor a Mursi, secularistas de Egipto tienen algo mucho peor", la Premio de Periodismo español Julio Anguita Parrado, repudió algunas actividades del Gobierno, entre ellas el uso de la religión para frenar la libertad de expresión y de reunión, la quema de libros, violencia contra las mujeres y las tácticas represivas.
Tras la destitución de Mursi, primer presidente electo democráticamente en Egipto, más de 1400 manifestantes murieron, 15.000 fueron detenidos y cientos más recibieron condenas de muerte, según el Observatorio de los Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés).
Centenares de ciudadanos han sido condenados a muerte en expeditivos y masivos juicios, calificados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de "sin precedentes en la historia reciente". Además, a finales de 2013, las nuevas autoridades del país declararon al movimiento Hermanos Musulmanes (HHMM) “organización terrorista”.
Para materializar su política de mano dura contra los simpatizantes de Mursi, el Gobierno ha practicado cambios en el cuerpo judicial del país; de hecho, una corte inhabilitó el pasado 14 de marzo a 41 jueces por apoyar supuestamente a los HHMM.
También, como parte de las políticas represivas del Gobierno de El Cairo, un tribunal de El Cairo condenó el pasado 16 de mayo a Mursi a la pena capital.
Mientras tanto, la justicia ha exculpado --o condenado a ligeras penas de prisión-- a Mubarak o a sus caciques, principalmente, en casos de corrupción, y la mayoría de las decenas de policías juzgados por la muerte de manifestantes han sido absueltos.
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