Así lo ha confirmado recientemente el portavoz del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército estadounidense, Chris Grey, en declaraciones recogidas por el portal informativo norteamericano The Daily Beast.
Se trata de una polémica desatada a raíz de un informe elaborado por CHCV, encargado por el Gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el marco de las negociaciones de paz, que arrojó a la luz que los militares tras grabar las violaciones a las niñas, ocurridas entre 2003 y 2007, vendieron las películas “como material pornográfico”.
El documento, que se hizo público a finales de marzo en la Web de la Mesa de Conversaciones y al parecer posteriormente eliminado, tiene como fin determinar las “causas y agravantes de la violencia” del conflicto en el país latinoamericano.
El texto, también publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, destaca que ninguno de los militares involucrados en el caso han conseguido evitar cualquier persecución, gracias a los pactos bilaterales y la inmunidad diplomática del que gozan los funcionarios norteamericanos en Colombia.
Los detalles sobre estos casos de abusos sexuales se incluyen en el apartado ‘Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de estado’, que corresponde al mes de febrero del año en curso.
Esta sección se refiere a la inmunidad de los funcionarios estadounidenses ante la violencia sexual denunciando el “‘imperialismo sexual’ similar a los efectos que se producen en todos los lugares donde se encuentran militares de los Estados Unidos, como en Filipinas, Japón o Corea del Sur”.
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