La nueva iniciativa ha sido aprobada el domingo por todos los 159 legisladores que forman el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, al cierre de su sesión bimensual, una vez completada esta semana la tercera revisión del borrador.
La ley se propone hacer frente al terrorismo interno y ayudar a mantener la seguridad mundial", ha anunciado la agencia china de noticias Xinhua.
La ley se propone "hacer frente al terrorismo interno y ayudar a mantener la seguridad mundial", ha anunciado la agencia china de noticias Xinhua, sin ofrecer más detalles sobre la nueva legislación.
El borrador de la ley antiterrorista incluye disposiciones que requerían que las firmas tecnológicas instalaran una "puerta trasera" (backdoor) en sus productos o permitieran a las autoridades del país tener acceso a los códigos de programación.
La nueva ley ha sido impulsada mientras Pekín es el blanco de críticas por su trato ante la minoría musulmana de la etnia uigur en la provincia noroccidental de Xinjiang. El gigante asiático califica a los milicianos de esta etnia de terroristas o separatistas.
Recientemente el Departamento de Estado estadounidense al expresar su preocupación por esta legislación, consideró que algunos puntos de este proyecto de ley podrían perjudicar a las empresas tecnológicas norteamericanas o a las libertades fundamentales.
En respuesta, el portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Hong Lei, refutó las críticas de EE.UU. y acusó a Washington de adoptar una política de doble rasero ante el fenómeno del terrorismo.
Al respecto, las embajadas de EE.UU., el Reino Unido, Francia y Australia en China advirtieron el jueves de la posibilidad de que se lleven a cabo ataques terroristas en Pekín, capital china.
Anteriormente el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) había amenazado a China con ataques y muerte a todos sus ciudadanos que rechacen a esta banda takfirí.
Se estima que unos 300 ciudadanos chinos luchan en las filas de Daesh en Irak y Siria.
China declaró “la guerra” contra dicha banda takfirí luego de que esta última ejecutara en noviembre a un ciudadano chino que tenía en su custodia después de que Pekín se negara a pagar la suma del dinero requerida por los terroristas.
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