El informe ratificó que Canadá aplicaría leyes del delito de odio contra numerosas organizaciones sociales que promovieran el boicot sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos y la expansión de sus asentamientos ilegales en las zonas sitiadas.
Si se lleva a cabo, sería una táctica muy agresiva, y otra medida de apoyo del Gobierno conservador al primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu", mencionó el informe.
"Si se lleva a cabo, sería una táctica muy agresiva, y otra medida de apoyo del Gobierno conservador al primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu", señaló la nota.
El reporte reveló que el Gobierno de Harper pretende instalar una política de "cero tolerancia" hacia los grupos que cooperen con la campaña internacional de "Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS)", la cual presiona al régimen de Tel Aviv para detener sus asentamientos en el territorio ocupado palestino.
Gran número de organizaciones, grupos universitarios y sindicatos canadienses apoyan la BDS.
"No permitimos que los crímenes de odio socaven nuestro modo de vivir, que se basa en la diversidad y la inclusión", indicó el portavoz del ministro canadiense de Seguridad Pública, Steven Blaney, para luego detallar una lista de leyes de odio aprobadas por el país norteamericano.
El pasado mes de febrero, Canadá anunció su apoyo al régimen de Israel para contrarrestar la creciente campaña BDS.
El movimiento BDS, lanzado en 2006 por la sociedad civil palestina hace un llamado al boicot económico, cultural, académico y político contra el apartheid israelí. El objetivo de esta campaña es presionar al régimen de Tel Aviv, para que se ajuste al derecho internacional y los principios universales de los derechos humanos. Muchos países coadyuvan con este movimiento.
Durante las últimas décadas, los israelíes han tratado de alterar el tejido demográfico de los territorios ocupados, construyendo asentamientos ilegales judíos y destruyendo los lugares sagrados de los musulmanes para después, transformarlos en sinagogas.
Más de medio millón de israelíes viven en unos 120 asentamientos ilegales construidos después de la ocupación de Cisjordania y Jerusalén (Al-Quds) en 1967.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la mayoría de los países del mundo consideran ilegales los asentamientos en los territorios usurpados por el régimen de Israel durante la guerra de 1967 y, por lo tanto, están sujetos al Convenio de Ginebra que prohíbe la construcción en tierras ocupadas.
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