De acuerdo con los resultados de esta encuesta dada a conocer este jueves, desde el anterior estudio que se llevó a cabo el pasado 20 de julio hasta el momento, el apoyo a Rousseff pasó del 10 al actual 8 %, sin embargo, el rechazo ha incrementado del 65 al 71 % en el mismo periodo.
Entre las 3358 personas que han sido entrevistadas en 201 municipios, entre los días 4 y 5 del mes en curso, el 20 % ha calificado de “regular” la actual administración de la mandataria, un 4 % menos que en junio.
También, el 65 % de los encuestados cree que el Congreso debería abrir un proceso de destitución de la mandataria y el 38 % considera que no terminará su mandato en 2018.
Este estudio, con un margen de error de dos puntos, se ha producido después de que la firma brasileña MDA, de la Confederación Nacional del Transporte (CNT), y el Grupo Ibope (Instituto Brasileño de Opinión Pública e Estadística) confirmaran en los últimos días una caída del apoyo a Rousseff hasta el 7,7 y el 9 %, respectivamente.
La impopularidad de la presidenta brasileña, según Datafolha, es la más alta de un gobernante en los registros, y supera el 68 % que tenía el expresidente Fernando Collor de Mello en septiembre de 1992, antes de su destitución.
La popularidad de Rousseff, que comenzó su segundo mandato en enero, ha caído por el caso de corrupción en la compañía petrolera estatal Petrobras y la mala situación del país en 2014.
En el escándalo de Petrobras se ha detectado un desvío de unos 4 mil millones de dólares, por lo que la Fiscalía brasileña ha iniciado investigaciones sobre varias altas autoridades de la empresa.
Hasta el momento, varios funcionarios han sido detenidos por su supuesta involucración en la red de corrupción en Petrobars, entre ellos tres exdiputados, además del tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el exdirector de Servicios de la petrolera, el presidente del gigante de la construcción Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y el presidente de la constructora Andrade Gutierrez, Otavio Azevedo.
El pasado 17 de marzo, la oposición de Brasil informó que pediría al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abrir una investigación contra Rousseff por su presunta relación con este caso de corrupción, una petición rechazada por la Corte.
En reacción a las críticas de la oposición y las protestas populares, Rousseff presentó el pasado mes de marzo una serie de medidas para endurecer la lucha contra la corrupción.
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