• El ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo
Publicada: sábado, 18 de abril de 2015 2:14
Actualizada: miércoles, 3 de enero de 2018 7:26

El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, ha declarado este viernes que no existen fundamentos jurídicos que justifiquen un pedido de impugnación de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff.

Desde las (últimas) elecciones, se intenta encontrar un hecho que lleve a la pérdida de valor (a Rousseff) y creo que existe una desesperación compulsiva en este sentido de parte de líderes de la oposición

“Desde las (últimas) elecciones, se intenta encontrar un hecho que lleve a la pérdida de valor (a Rousseff) y creo que existe una desesperación compulsiva en este sentido de parte de líderes de la oposición”, ha afirmado Cardozo en rueda de prensa en la ciudad capitalina de Brasilia.

Además ha señalado que el Gobierno tenía confianza en la apelación al fallo del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que cuestiona el retraso en las transferencias de fondos del Tesoro Nacional a los bancos estatales en 2014 que estaban dirigidos a programas sociales.

Las entidades públicas, Caixa Económica Federal y Banco do Brasil (BB), pagaron los precios correspondientes a esos programas sin haber recibido los recursos del Ejecutivo, lo cual constituye un delito grave.

En este contexto, Cardozo ha destacado que estas operaciones no constituyeron un crédito y las entidades bancarias ganaron intereses con esta actividad. También ha recalcado que esta maniobra es una práctica vieja, empleada desde 2001 por anteriores jefes de Estado.

“Un proceso judicial contra la mandataria solo puede ser iniciado cuando comete un crimen de responsabilidad que atenta contra la Unión, los poderes del Estado, los derechos de los ciudadanos o la seguridad interna del país”, ha indicado el ministro brasileño de Justicia.

Según un reciente sondeo del instituto Datafolha, casi dos tercios de los brasileños está a favor de un juicio político contra Rousseff por el escándalo de corrupción de la estatal empresa Petrobras.

Miles de brasileños indignados por el escándalo de corrupción en Petrobras abarrotaron las principales calles de la capital, Brasilia, y otras 19 ciudades para mostrar su insatisfacción con el Gobierno y solicitar la renuncia de Rousseff.

La corrupción que afecta a Petrobras salió a la luz en marzo de 2014, después de que la Policía Federal revelara los desvíos de fondos y los sobornos aceptados por las autoridades de la petrolera.

13 senadores, 22 diputados, dos gobernadores, el tesorero del gobernante PT, y exfuncionarios del Poder Ejecutivo son investigados por su presunta participación en una red de corrupción y sobornos en la estatal Petrobras que movió unos 4.000 millones de dólares en la última década.

La indignación se plasmó en grandes movilizaciones realizadas hace unas semanas en unas 20 ciudades del país. Ahora Rousseff soporta su nivel de popularidad más bajo desde 2011.

La indignación popular empeora debido a los problemas económicos que atraviesa el país. El crecimiento ronda el 1 %  y la inflación trepa hasta el 7,7 %.

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