“A pesar de las declaraciones públicas en sentido contrario, estas negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada y en secreto”, denuncia la asociación en una resolución publicada la semana pasada, pero que solo atrajo la atención de los medios el jueves.
A pesar de las declaraciones públicas en sentido contrario, estas negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada y en secreto", denuncia Jueces para la Democracia (JpD).
La resolución delata además que, tras sus objetivos aparentes sólo comerciales, el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI, en inglés TTIP) implicaría “la ausencia de sanciones contra los abusos en aras al “desarrollo sostenible”, la privatización de servicios públicos o la pérdida de confidencialidad de los datos personales”.
Y, como numerosísimas organizaciones en toda la UE, Jueces para la Democracia (JpD) se muestra especialmente preocupada por la pérdida de soberanía de los Estados europeos que causará, de aprobarse el TTIP como se está desarrollando, la posibilidad de que las empresas puedan querellarse contra los Gobiernos en tribunales privados, al margen de las jurisdicciones nacionales.
En junio de 2014, la Comisión Europea (CE) realizó una encuesta sobre este mecanismo de “resolución de conflictos”, conocido por sus siglas inglesas ISDS, y el 97 % de los 150 000 participantes rechazaron tal posibilidad. La CE decidió no hacer caso a ese 97%.
Esta ha sido además el centro de un escándalo político, en las últimas semanas, al eliminar el grupo socialista del Parlamento Europeo, de una resolución, el rechazo explícito a esos tribunales privados. Finalmente, la resolución se ha aplazado entre protestas por la cancelación del debate y acusaciones de “traición”.
JpD alerta además del abaratamiento de la mano de obra que causaría el acuerdo, y de la consiguiente desprotección de los derechos de los trabajadores, “bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior”.
Sobre la pérdida de soberanía, los jueces resaltan que la previsión de compensaciones milmillonarias a las transnacionales obligará a que las legislaciones nacionales deban ajustarse a los intereses de esas empresas.
(Exigimos) una absoluta transparencia de su contenido, una participación efectiva de los ciudadanos en su elaboración, y en todo caso el mantenimiento y protección de la soberanía de los Estados en ámbitos tan sensibles como la independencia del poder judicial, proclama Jueces para la Democracia.
E incluso, que los tribunales de justicia podrían acabar condicionando sus dictámenes a los intereses comerciales de los inversores, al implicar sus decisiones la responsabilidad de los Estados.
Por último, la principal asociación judicial española de izquierdas exige “una absoluta transparencia de su contenido, una participación efectiva de los ciudadanos en su elaboración, y en todo caso el mantenimiento y protección de la soberanía de los Estados en ámbitos tan sensibles como la independencia del poder judicial”.
El TTIP, calificado de auténtico “golpe de estado encubierto” de las multinacionales por la eurodiputada del partido español Podemos Lola Sánchez, ha unido en su contra a partidos europeos ajenos a los centros del poder, tanto de la izquierda poscomunista como de la derecha nacionalista.
Una iniciativa ciudadana contra el TTIP lanzada a través de Internet ha recabado, en el momento de redactar esta noticia, 2 182 943 firmas.
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