El Proyecto de Ley de Datos de Comunicaciones, apodado la "Carta del fisgón", permite a los servicios de Inteligencia británicos identificar las páginas Web que hayan visitado los usuarios de Internet en el último año, sin previa autorización de un juez, en “circunstancias urgentes”.
Tendrá salvaguardas y medidas de supervisión más fuertes" y "dará a los hombres y mujeres de nuestras agencias de seguridad y de Inteligencia (...) los poderes que necesitan para proteger al país", dice la ministra británica del Interior, Theresa May.
La ministra británica del Interior, Theresa May, ha explicado este miércoles que el nuevo documento no tiene precedentes a la hora de detallar qué pueden hacer los espías y cómo serán supervisados.
"Tendrá salvaguardas y medidas de supervisión más fuertes", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que "dará a los hombres y mujeres de nuestras agencias de seguridad y de Inteligencia (...) los poderes que necesitan para proteger al país".
El proyecto obliga a las empresas que proveen servicios de Internet a conservar durante un año todas las páginas Web que hayan visitado sus clientes para que los servicios de espionaje puedan acceder a ellas alegando motivos de seguridad nacional.
El acceso de policías y espías al uso en la Web se limitaría a "historiales de conexión a Internet" --qué sitios Web visitaron las personas, pero no qué páginas en particular-- y no a su historial de navegación, ha indicado.
Se ha calculado que la ejecución del proyecto de ley costará a los contribuyentes británicos unos 247 millones de libras en los próximos 10 años, casi 350 millones de euros.
Aunque el Gobierno británico se ha visto forzado a abandonar su polémico plan, no obstante, el proyecto ha sido llevado a trámite, por lo que ahora tendrá que pasar por una comisión parlamentaria que evaluará detenidamente su contenido. Dicha comisión podrá proponer correcciones antes de que sea debatido por el Parlamento.
Cabe destacar que el controvertido proyecto ha generado numerosas críticas por parte de organizaciones pro derechos civiles que han manifestado su disconformidad con el mismo.
La llamada “Carta del fisgón” allanaría el camino a las empresas de Internet y de telefonía móvil para mantener registros de los hábitos de navegación de los clientes, el uso de las redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, así como sus llamadas de voz.
Sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia falló en contra de esta legislación, advirtiendo que daría lugar a violaciones de los derechos humanos. Dicha instancia judicial trazó entonces un programa de conservación de los datos más moderado a la hora de facilitar investigaciones penales.
En febrero, un portavoz del Gobierno británico admitió que las agencias de espionaje del Reino Unido violan desde hace años los derechos humanos al escuchar las conversaciones privadas entre abogados y sus clientes.
Documentos revelados por las autoridades británicas, así como por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden sacaron a la luz que el Gobierno de Londres, en colaboración con otros países y, en particular, con Estados Unidos, ha espiado conversaciones telefónicas de forma indiscriminada.
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