"A partir de mañana (martes) estoy de licencia (...) No quiero que ninguna manipulación malintencionada pueda comprometer al Gobierno", anunció el lunes el ministro de Planificación y senador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), Romero Jucá.
Jucá, en una conversación telefónica difundida por el diario brasileño Folha de Sao Paulo, considera que un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff sería la mejor forma de obstruir la investigación sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
A partir de mañana (martes) estoy de licencia (...) No quiero que ninguna manipulación malintencionada pueda comprometer al Gobierno", anuncia el lunes el ministro de Planificación y senador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), Romero Jucá.
Según Folha de Sao Paulo, en esa conversación mantenida con el expresidente de la compañía procesadora de petróleo y gas Transpetro, Sergio Machado Jucá –investigado junto a Machado en la llamada Operación Lava Jato (Lavadero de autos)– Jucá dijo que era necesario un "pacto" para detener las indagaciones, que también incluyen al poder judicial.
"Tenemos que resolver (...) Tenemos que cambiar el Gobierno para frenar la sangría", afirmó Jucá en el diálogo que duró más de una hora y que tuvo lugar semanas antes de 17 de abril, fecha en la que la Cámara de Diputados aprobó el juicio político y lo traspasó al Senado que también, dio luz verde al inicio del proceso contra Rousseff.
Por su parte, Machado había pedido a Jucá que monte "algo" para protegerlo y para frenar el avance de la investigación en su contra desde un posible nuevo Gobierno.
Las declaraciones de Jucá se consideran un escándalo para el nuevo Gobierno interino de Michel Temer, puesto que figura entre sus principales articuladores. Es más hay acusaciones contra el ya exministro por pagos de comisiones ilegales, motivo que llevó al procurador general de Brasil a solicitar el viernes al Supremo Tribunal Federal (STF) que abra una investigación en su contra.
Por la decisión del Senado, la presidenta se ha quedado separada del poder por 180 días, tiempo que se extenderá hasta el fin de su mandato legal, es decir hasta 2018, en el caso de que se declare culpable. Sin embargo Rousseff ha asegurado que empleará “todos los instrumentos” legales para ejercer su mandato “hasta el fin” y negado todas las acusaciones en su contra.
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