"Ellos están condenado en ese juicio a una inocente y no hay nada más grave que condenar a una inocente (...) la democracia nuestra no es de fachada sino generosa gracias a la lucha histórica del pueblo brasileño", declaró la mandataria durante la supervisión de varias obras sociales en el estado de Pernambuco (noreste brasileño).
Con estas palabras, Rousseff se refirió al juicio político (impeachment) que la oposición impulsa en su contra, acusándola de realizar maniobras contables irregulares para "maquillar" los resultados fiscales durante 2014 y 2015. La dignataria niega los señalamientos y considera que son meras "faltas administrativas".
Ellos están condenado en ese juicio a una inocente y no hay nada más grave que condenar a una inocente (...) la democracia nuestra no es de fachada sino generosa gracias a la lucha histórica del pueblo brasileño", declara la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
De acuerdo con Rousseff, en las elecciones presidenciales de 2014, "54 millones de brasileños” votaron a favor de que siga en el cargo debido al programa de Gobierno cuyo objetivo es “beneficiar a todos”.
La jefa de Estado advirtió que el impeachment atenta contra la democracia brasileña y agrede todos los derechos sociales y obras hechas por un “Gobierno responsable”.
Por su parte, los presidentes de diferentes países latinoamericanos han advertido de injerencias en la región y han expresado solidaridad con Rousseff y rechazo al juicio político en su contra.
El pedido para abrir un juicio político a Rousseff, fue aprobado, el 17 de abril, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes en la Cámara de Diputados de Brasil. La demanda pasó a una comisión especial del Senado brasileño que ha votado este viernes a favor del informe del relator Antonio Anastasia sobre el inicio del impeachment.
Los 81 senadores que constituyen el pleno de la Cámara Alta discutirá el próximo 11 de mayo su apoyo a la apertura del proceso de destitución. De obtenerse una mayoría simple, se decidirá iniciar un juicio político que en principio separaría a Rousseff del poder por 180 días, periodo que podría durar el proceso.
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