La decisión judicial, adoptada por el magistrado, Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anula así el acto en el que Lula prestó juramento este jueves ante Rousseff con el argumento de que perjudica "el libre ejercicio del poder judicial".
El magistrado considera que la cuestión es "compleja y también grave" y sugiere que Rousseff podría haber cometido un delito de "responsabilidad" al nombrar a Lula, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra "la probidad" de la administración pública, y argumenta que, si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una "intervención indebida y odiosa" en la policía, la fiscalía y el poder judicial.
Estamos estudiando la situación para poder recurrir (la orden del juez federal Preta Neto de suspender el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva) hoy mismo", ha dicho en declaraciones al diario brasileño Folha el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo.
La decisión del juez responde a una demanda de los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la justicia contra Lula en una vasta investigación sobre sobornos en torno a la petrolera estatal Petrobras. El nombramiento del exmandatario como ministro le daría inmunidad frente a un proceso en todas las instancias menos ante la Corte Suprema.
El Gobierno recurrirá la orden del juez federal Preta Neto de suspender el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, "Estamos estudiando la situación para poder recurrir hoy mismo", ha dicho en declaraciones al diario brasileño Folha el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que era ministro de Justicia hasta hace dos semanas.
Los delitos de "responsabilidad" son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado. En este sentido, el juez ordena que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
La Cámara de Diputados ha decidido reanudar hoy el trámite de un posible juicio político a Rousseff, tras conocerse el miércoles unas grabaciones comprometedoras de conversaciones entre la presidenta y Lula. Las grabaciones hechas con orden judicial generan la sospecha de que Rousseff designó a Lula ministro para demorar el proceso judicial contra el expresidente.
El gobierno reaccionó a las escuchas asegurando que son una "violación flagrante de la Constitución" y anunció medidas legales contra el juez. El abogado de Lula, por su parte, criticó la "arbitrariedad" de la divulgación de las escuchas y aseguró que "generan una gran convulsión social y ese no es el papel del poder judicial".
El juez Moro, que reconoció que no hay evidencias en las filtraciones "de conducta inapropiada", justificó la divulgación de los audios a partir del "interés público y la previsión constitucional de publicidad de los procesos".
Los partidarios de Lula se enfrentaron brevemente con opositores al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) a las afueras del palacio presidencial antes de la ceremonia. La policía dijo que usó gas pimienta para evitar disturbios y separar a unos 300 manifestantes de la oposición.
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