"El alarmante número de condenas, junto con las reservadas y arbitrarias decisiones de los tribunales, no nos da opción aunque debemos preocuparnos por estas señales", ha explicado el subdirector del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, James Lynch, en referencia a la próxima ejecución de presos en Arabia Saudí.
El alarmante número de condenas, junto con las reservadas y arbitrarias decisiones de los tribunales, no nos da opción aunque debemos preocuparnos por estas señales, ha explicado el subdirector del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, James Lynch.
Estas sentencias, ha proseguido, no deben seguir adelante y Arabia Saudí debe levantar el secretismo sobre estos casos, como una reparación fundamental de su sistema de justicia.
Asimismo, hace un llamamiento a Riad para que detenga la ejecución del joven saudí Ali Mohamad al-Nimr, de confesión chií y condenado a muerte.
La preocupación de la AI tiene lugar después de que a principios de semana varios periódicos locales saudíes anunciaran la cercana ejecución de hasta 55 presos, entre los que se encuentran 3 menores.
Según el diario saudí Okaz, 55 presos condenados por terrorismo esperan en la lista de ejecuciones del gobierno saudí, además el diario Al-Riyadh había informado recientemente sobre la cercana ejecución de 55 presos, no obstante, borró el informe nada más publicarlo.
Los informes señalan que entre los presos en espera de ejecución se encuentran algunos opositores chiíes como el destacado clérigo chií saudí, Sheij Nimr Baqer al-Nimr y su sobrino Ali Mohamad al-Nimr, ambos condenados a pena de muerte.
De acuerdo con Okaz, algunos de los presos condenados a la pena de muerte proceden de ciudades de mayoría chiíes, como Al-Awamiya, Al-Qatif, en el este de Arabia Saudí.
En una carta, las madres de cinco jóvenes activistas chiíes han implorado clemencia al rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, después de conocer que sus hijos habían sido sometidos a revisiones médicas "aleatorias" en prisión, hecho que relacionaron con su inminente ejecución. De hecho, desde principios de octubre, cuatro de los presos han sido aislados dentro del ala carcelaria de la prisión de Al-Hair (Riad) donde se retiene a los sentenciados a la pena capital.
En su misiva, las madres piden la revocación de las condenas de sus hijos y que se les vuelva a juzgar en un procedimiento público que cumpla con los estándares de equidad internacionales, todo ello bajo la mirada de observadores independientes.
"Tres de estos activistas fueron sentenciados por crímenes cometidos cuando eran menores, además señalaron que fueron torturados hasta confesar. Dadas las lagunas del sistema penal saudí, estamos seriamente preocupados por la imparcialidad de los juicios en los que se imparte la pena capital", ha asegurado Lynch.
Dada la evidencia de que los activistas fueron torturados y sometidos a un juicio injusto en el Tribunal Penal, ha agregado, Amnistía ha realizado una campaña para suprimir sus condenas.
Riad ha aplicado la pena capital a más de 151 personas este año, la mayoría por decapitación, convirtiéndose en uno de los mayores ejecutores a nivel mundial. Esta cifra ya supera el total de ejecuciones registradas en un solo año en el reino árabe en 1995.
La Unión Europea (UE), ha advertido a Arabia Saudí que si no pone fin a este proceso, llevaría el tema ante las Naciones Unidas y otras instancias internacionales por su abolición universal.
Arabia Saudí tiene un promedio de una ejecución cada dos días, en su mayoría por decapitación, según un informe publicado el pasado mes de agosto por AI.
Riad se enfrenta a duras críticas por mantener una de las tasas de ejecución más altas del mundo. Bajo la ley saudí, los delitos como violación, asesinato, apostasía, robo a mano armada y tráfico de drogas pueden ser castigados con pena de muerte, y varias personas han sido ejecutadas también por acusaciones de brujería.
A pesar de todo ello, un informe fechado el 17 de septiembre indica que el saudí Faisal Trad ha sido elegido para dirigir un panel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), una decisión considerada “escandalosa” por parte de la organización no gubernamental Observatorio de la ONU (UN Watch).
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