“Venezuela exige respeto a las decisiones soberanas emanadas de las instituciones que conforman el poder público en la misma medida en que nuestro país lo hace en todos los ámbitos de su actuación, respetando la gestión judicial de otros países en virtud del pleno conocimiento del contenido del derecho internacional”, reiteró el jueves a los periodistas la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez.
Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”, señaló Gladys Gutiérrez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
En sus afirmaciones, Gutiérrez tachó de injerencista la postura de la Corte Suprema de Chile, además de considerarla una ofensa a la “institucionalidad, democracia y soberanía” del Estado venezolano.
Estas duras críticas se produjeron en reacción al llamado del organismo judicial chileno para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) defienda a los ultraderechistas Leopoldo López y Daniel Ceballos bajo el alegato de que el Gobierno venezolano no respeta sus derechos.
Gutiérrez desmintió tales alegaciones y aseveró que Chile ha actuado fuera de las leyes internacionales. En este contexto, también citó al artículo 19 de la Carta de la OEA que prohíbe cualquier tipo de injerencia en los asuntos de otros países.
“Dicho enunciado establece que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”, recordó.
Para la titular venezolana este tipo de acciones busca debilitar a las instituciones venezolanas cuando faltan apenas 20 días para la celebración de los comicios legislativos, previstos para el próximo 6 de diciembre, si bien, se mostró confiada de que nada puede afectar la voluntad del pueblo y el Gobierno venezolanos.
El líder opositor Leopoldo López fue condenado en septiembre a 13 años y nueve meses de prisión tras haber sido hallado culpable de incitar a la violencia y de infringir daños a la propiedad en las marchas de febrero de 2014, en las que murieron decenas de personas.
Las autoridades venezolanas aseguran que la sentencia es para hacer justicia a los fallecidos durante los incidentes que tuvieron lugar el año pasado.
Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, capital del estado occidental de Tachira, debido a su estado de salud se encuentra desde el agosto bajo arresto domiciliario.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció el jueves a los opositores de especular con los derechos fundamentales del pueblo venezolano para favorecer a los "jefes del imperio".
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