Son ocho puntos con los que llamamos al Gobierno de Estados Unidos para un diálogo abierto, público, para que se sepa cómo estos ocho puntos son abordados en los Estados Unidos y cómo en Venezuela".
"Son ocho puntos con los que llamamos al Gobierno de Estados Unidos para un diálogo abierto, público, para que se sepa cómo estos ocho puntos son abordados en los Estados Unidos y cómo en Venezuela", precisó Rodríguez desde el Hotel Sheraton, en Panamá.
Según la canciller venezolana, los ocho temas del debate serían derecho a la salud, educación, alimentación, vivienda, seguridad social, al trabajo digno y remunerado, a la igualdad de todos los seres humanos y a la justicia penal.
En este sentido, recordó que Estados Unidos no ha firmado, adherido o ratificado varios importantes tratados y convenios internacionales como el convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, el convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.
“Las mayor potencia del planeta tampoco ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ni la convención sobre los Derechos del niño”, lamentó.
Por otra parte, Rodríguez alabó la resistencia del pueblo panameño ante los ataques del imperialismo durante la historia y los actuales planes estadounidenses en este país centroamericano.
La propuesta de Venezuela tiene lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el pasado 9 de marzo, una orden ejecutiva en la que se califica al país suramericano como "una amenaza extraordinaria" para la seguridad de su país.
Tanto las autoridades venezolanas como de otros organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como varios países del mundo, han urgido la derogación del decreto de Obama.
Por otra parte, el Congreso de Estados Unidos aprobó el pasado mes de diciembre un paquete de sanciones contra Venezuela por presuntamente respaldar la violación de los derechos humanos durante las protestas de carácter golpista registradas entre febrero y mayo de 2014. Esta iniciativa estadounidense recibió duras condenas del Gobierno de Caracas.
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