En dicho informe, el Comité se muestra "seriamente preocupado ante las devoluciones sumarias que se realizan desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla", las cuales se practican, según añade, "sin una evaluación previa del riesgo de retorno e impiden el acceso a los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado".
En relación con los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), el Comité expresa su "preocupación por los altos niveles de hacinamiento que estos centros siguen registrando y las deplorables condiciones materiales de sus instalaciones, que a juicio del Comité representan una amenaza para la seguridad, la salud y la integridad física y psicológica de las personas que allí se encuentran".
En este sentido, la ONU recomienda a España, "como cuestión de urgencia, (...) redoblar sus esfuerzos para reducir los niveles de hacinamiento en los CETI y adoptar todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones materiales de sus instalaciones, en particular aquellas destinadas a personas con necesidades especiales como las mujeres solas o con hijos".
"Debe también asegurar la integridad física y psicológica de todos los individuos en esos centros", indica el Comité, para después instarle a "facilitar las actividades de vigilancia que realizan las organizaciones no gubernamentales en los CETI".
Además, el Comité está "preocupado por los informes que denuncian un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, con particular referencia a hechos ocurridos durante protestas contra las medidas de austeridad en 2011 y 2012".
"También preocupan las informaciones recibidas sobre abusos cometidos contra inmigrantes por parte de los agentes encargados de vigilar las fronteras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En particular, el Comité lamenta profundamente la muerte de al menos 14 inmigrantes cuando intentaban alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal el 6 de enero de 2014", ha manifestado.
En este sentido, el Comité cree que España "debería adoptar medidas eficaces para prevenir y poner fin al uso desproporcionado de la fuerza por los agentes del orden, asegurándose de que existan normas claras y vinculantes", así como garantizar la investigación "pronta, exhaustiva e imparcial de todos los actos de brutalidad y uso excesivo de la fuerza por el personal de las fuerzas del orden y enjuiciar a quienes aparezcan responsables".
Sobre la violencia contra la mujer, el Comité muestra su preocupación por su persistencia.
"Según informaciones recibidas, a menudo, existen obstáculos para presentar denuncias, acceder a las medidas de protección necesarias y obtener reparación para las víctimas", ha remachado.
Por esta razón, urge a España a que "intensifique sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, a que continúe las campañas de concienciación e imparta los programas de formación de sus funcionarios al respecto".
"También debería adoptar medidas para facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas, informarles sobre los recursos disponibles y velar por que todas las denuncias de violencia contra la mujer sean investigadas con prontitud, imparcialidad y eficacia y que las víctimas tengan acceso efectivo a medios de protección y a una compensación", ha concretado.
Igualmente, cree que España "debería asignar los recursos financieros suficientes para que los servicios de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género funcionen de manera efectiva, a pesar de la crisis económica".
Por su parte, la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, ha celebrado que el Comité contra la Tortura de la ONU haya recogido en sus conclusiones "gran parte de las preocupaciones" de su organización en relación con los "incumplimientos" de España.
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