El Gobierno no ceja en su empeño de seguir privatizando todos los sectores públicos del Estado. El último objetivo es el Registro Civil, un servicio al ciudadano donde se inscriben los nacimientos, filiaciones, matrimonios, nacionalizaciones y un largo etcétera.
La intención del Ministerio de Justicia es pasar este servicio a manos de los registradores de la propiedad. Los sindicatos denuncian que eso supondría crear tasas a los ciudadanos. Además, otro problema sería los datos personales que pasarían a manos de entidades privadas.
El Ministerio de Justicia es el destino final de esta nueva movilización de los trabajadores del Registro Civil que alertan ante la posibilidad de que se privatice. Si se llevara a cabo esta privatización muchos servicios que ahora mismo son gratuitos terminarían siendo de pago.
Rafael González Pérez, Madrid.
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