El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en la provincia de Chiriquí, al oeste de la capital del país, fue suspendido temporalmente por irregularidades en el estudio de impacto ambiental, el pasado 9 de febrero. Sin embargo, aunque la medida podría ser revocada, dado que la empresa presentó documentación que asegura que no existe falta, la lucha de la sociedad en contra de la obra continúa en esferas legales.
La denuncia trae a colación supuestas faltas en el estudio de impacto ambiental pero hace hincapié en el hecho de que las mismas autoridades que suspendieron la construcción, fallaron en presentar una querella penal ante los delitos que le adjudican.
El Centro de Incidencia Ambiental también presentó una querella relacionada con la servidumbre forzosa del proyecto y sus reclamos además aducen a los daños culturales que representaría la inundación de las tierras para la represa.
Por su parte, los representantes de la Comarca Ngäbe-Buglé, población afectada directamente por las obras, continúan en una mesa de diálogo de la que también participa una comisión de alto nivel del Gobierno, para evaluar las posibilidades ante el destino del proyecto hidroeléctrico.
La mesa de diálogo se prolongará indefinidamente, al margen de los procesos legales e institucionales en contra del proyecto hidroeléctrico y la empresa que lo gestiona.
Sara Morales Gallego, Panamá.
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