Esos documentos e informes incluyen bitácoras de servicios y de radio, tarjetas informativas, partes de novedades ocurridas durante 24 horas, órdenes de servicio y dictámenes técnicos puestos a disposición del Ministerio Público entre el 24 y 30 de septiembre pasado, declaró el INAI en un comunicado publicado el jueves.
En este caso el interés de proteger documentales que se encuentran inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades en relación con los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre, apunta INAI.
Anteriormente la información había sido clasificada ante dos solicitudes de particulares, bajo el argumento de que formaban parte de una averiguación previa y pondría en riesgo a elementos y que además contenía datos confidenciales.
Ante ello, los particulares impugnaron y el INAI determinó que estos documentos deben darse a conocer, pues se sospecha de violaciones a los derechos humanos en los hechos de Ayotzinapa.
Además la policía alegó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido pronunciamiento al respecto ni el Ministerio Público de la Federación lo ha dictaminado.
Según el comunicado, para el caso de los informes relacionados con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, fue necesario ponderar dos intereses en conflicto; el derecho humano de acceso a la información y el interés general.
“En este caso el interés de proteger documentales que se encuentran inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades en relación con los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre", apunta el documento presentado por la comisionada María Patricia Kurczyn del INAI.
El INAI resolvió modificar la respuesta de la Policía Federal y ordenarle que proporcione la información solicitada en versión pública.
A finales de septiembre de 2014, un grupo de policías locales disparó contra los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala, en el estado de Guerrero; incidente en el que seis personas perdieron la vida.
Después, los agentes capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que asegura haberlos asesinado e incinerado sus cuerpos en un basurero, aunque hasta la fecha solo se ha identificado uno de los cadáveres.
Este incidente ha levantado masivas marchas de protestas en México y ha expuesto al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a duras críticas nacionales e internacionales por la falta de justicia en el caso de los estudiantes, y la flagrante violación de los derechos humanos en el país.
La Policía Federal de México, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron el pasado 7 de mayo a Francisco Salgado Valladares, antiguo subdirector operativo de la Policía de Iguala, por haber ordenado a los agentes el traslado de los estudiantes y su posterior entrega a dicha banda.
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