“El 27 de septiembre de 2014 (un día después de que se desaparecieron los 43 estudiantes en Iguala, sur del país) se llevaron a cabo diligencias de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos” sin informar a las familias, ha revelado este lunes a los periodistas una de las investigadoras de la organización regional, Claudia Paz.
El 27 de septiembre de 2014 (un día después de que se desaparecieron los 43 estudiantes en Iguala, sur del país) se llevaron a cabo diligencias de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos” sin informar a las familias, afirman los expertos de la CIDH.
En este sentido, la CIDH ha solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) que envíe las muestras de la ropa a Argentina y Austria, donde analizaron los restos encontrados en Cocula, estado de Guerrero (sur), presuntamente perteneciente a los jóvenes.
También, ha criticado al Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, por no informar de la destrucción de grabaciones que fueron realizadas en la zona.
“Si esto se confirma, se habrían perdido para la investigación (...) En opinión del grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de investigación como de la importancia que tiene para los familiares”, ha apostillado la experta.
Los expertos del organismo, también han reprochado al Estado por no permitirles entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27, encargado de la seguridad de Iguala, y limitarlos a hacer un cuestionario que a su juicio no se puede confiarse en sus resultados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, a su vez, considera incompletas las investigaciones del Gobierno sobre el caso de los normalistas de la Escuela de Ayotzinapa.
La entidad mexicana pro DDHH, en un informe preliminar, precisó haber encontrado “fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales”.
En este contexto, a principio del mes en curso, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron que el Gobierno mexicano y las autoridades federales intentaron sobornarlos para frenar su “lucha”.
Señalaron que autoridades les han ofrecido “varias cantidades” que rebasan el millón de pesos (más de 62.000 dólares), además de “casas, automóviles, de todo”.
La desaparición de los jóvenes normalistas que provocó un sinnúmero de manifestaciones, hizo que las organizaciones internacionales centraran su atención en la situación de los derechos humanos en México.
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