Los indignados recuerdan que Japón no necesita leyes que autoricen recurrir a la confrontación armada e intervenir en conflictos internacionales en defensa de países aliados”.
Los indignados, congregados frente a la oficina del primer ministro, Shinzo Abe, recordaron a las autoridades que su país no necesita leyes que autoricen “recurrir a la confrontación armada e intervenir en conflictos internacionales en defensa de países aliados”.
A este respecto, los manifestantes pacíficos hicieron referencia al artículo IX de la Carta Magna de Japón, el cual renuncia explícitamente a la guerra, y los esfuerzos para asegurar la paz de ese país asiático.
La marcha de los japoneses tiene lugar después de que el Gabinete informara de la aprobación de una serie de proyectos para revisar la legislación sobre la seguridad nacional del país.
Por medio de este proyecto de legislación, el Gobierno de Tokio tendría la autoridad de movilizar a las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para apoyar a los países aliados, como Estados Unidos, en caso de que se produzcan ataques armados contra ellos.
Asimismo, el borrador permite que el territorio nipón ejerza su “derecho a la autodefensa colectiva cuando acciones armadas constituyan una amenaza para la supervivencia de Japón”; e incluye el compromiso del país a ofrecer “apoyo logístico a efectivos militares extranjeros en operaciones para la paz y estabilidad de la comunidad internacional”.
Desde 2012, el Gobierno del premier Abe busca reformar el artículo IX de la Constitución del país con el fin de rearmarlo y “aumentar la seguridad y la capacidad defensiva de los ciudadanos”.
En julio de 2014, el Gabinete nipón aprobó una resolución que reinterpreta el mencionado artículo para ejercer el derecho a la autodefensa colectiva, empero se enfrentó con la fuerte oposición de diferentes sectores del país.
Según un reciente sondeo realizado por la cadena japonesa NHK, un 50 por ciento de los encuestados se opone a “la ampliación del papel militar conque Estados Unidos compromete a Japón”, mientras que un 49 por ciento “no entendía con claridad los cambios legislativos”.
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