Los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre, una tarea de la que se ocupan dos sanitarios eventuales que se reparten los cuidados en turnos, están alejados del estrictamente sanitarios a los que sí tienen derecho los presidentes del Gobierno, su familia, los altos cargos de La Moncloa y los mandatarios extranjeros en visita oficial.
Mariano Rajoy Sobredo, juez jubilado de 95 años y padre del jefe del Ejecutivo español, se trasladó al palacio presidencial poco después de la llegada de su hijo al poder en diciembre de 2011, informa El Diario.
La salud del anciano empeoró tras una operación de cadera el año pasado y un ictus que obligaron su ingreso hospitalario en el centro de La Paz de Madrid (la capital).
Para la asistencia post hospitalario, en un primer momento, los servicios médicos de La Moncloa entraron en contacto con una empresa externa para la realización del servicio, que presupuestó el trabajo en unos 5000 euros mensuales.
Finalmente el gabinete de Rajoy prefirió "buscar otras fórmulas" para costear los cuidados y decidió no firmar el contrato con la empresa externa, y poner a sueldo a dos personas, un hombre y una mujer, que se encargan de la atención del padre del presidente, desde principios de 2014.
El de Mariano Rajoy no es el único padre que ha vivido en La Moncloa con su hijo, su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), también compartió palacio con su progenitor, pero en estancias puntuales.
En este caso, los servicios médicos tuvieron que intervenir a causa de un complicado proceso infeccioso y fue una actuación dentro del protocolo médico de La Moncloa, motivada por una urgencia.
Hasta la llegada de Rajoy, los servicios médicos de Presidencia nunca se han hecho cargo de personas dependientes, ya que la Ley General de Sanidad (LGS) no contempla estos casos.
Por ello, el Gobierno de Zapatero aprobó en 2006 la ley de Dependencia, cuyos recortes han generado que las comunidades autónomas dejaran de recibir entre 2012 y 2014 un total de 1.409 millones de euros, según denuncia en un informe la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (AEDGSS).
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