“Ha sido una semana durísima para el país (...). Hay una conspiración en marcha”, ha dicho este sábado el mandatario ecuatoriano durante su programa Enlace Ciudadano, esta vez, emitido desde la ciudad de Milán (norte de Italia).
Ha sido una semana durísima para el país (...). Hay una conspiración en marcha”, ha dicho Correa.
Correa ha dicho que los medios de comunicación son cómplices de los opositores derechistas a los que ha catalogado de gente muy violenta que ha preparado, con dinero y logística, una conspiración contra su Gobierno .
El jefe de Estado ecuatoriano ha denunciado que la verdadera intención de la oposición no es la derogación de la Ley de Herencias, sino tumbar al Gobierno.
Sin embargo, el dignatario ha resaltado que el pueblo se mantiene firme y hará todo lo posible para hacer frente a las acciones de hostigamiento de la derecha.
Correa ha enfatizado que sus seguidores defenderán sin cansancio el Gobierno ante la movilización permanente que proyecta la oposición y ha recordado que la Ley de Herencias "no tiene fines recaudatorios, sino distributivos" y busca "un país de clase media".
En los últimos cinco días, varias ciudades del país andino, incluidos la capitalina Quito, Guayaquil (oeste) y Cuenca (centro-sur) se han convertido en escenarios de protestas contra la Ley de Herencias que busca redistribuir la riqueza equitativamente.
El viernes, los manifestantes pro-derechas asediaron la sede del partido gobernante Alianza País, en Quito, tal como lo hicieron la última semana, con el propósito de repudiar el referido proyecto de ley impulsado por el Gobierno.
Ante tales acciones desestabilizadoras, miles de ecuatorianos se han movilizado este sábado para expresar su respaldo al Gobierno y en rechazo de la violencia.
El proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo se denomina Redistribución de la Riqueza y tiene como fin regular las ganancias extraordinarias o plusvalía en bienes inmuebles, situación que ayudaría a combatir los niveles de pobreza extrema.
El proyecto ha sido enviado a la Asamblea Nacional, como económico urgente, por lo que la legislatura tiene 30 días para debatirlo, caso contrario entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley.
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