"Poner fin al programa de forma abrupta sería contrario al interés público en cuanto a la vigilancia efectiva de las amenazas terroristas, y de ahí que el Congreso previera un período de transición de 180 días", declaró el jueves Gerard Lynch, juez de circuito, a través de un escrito.
Poner fin al programa de forma abrupta sería contrario al interés público en cuanto a la vigilancia efectiva de las amenazas terroristas, y de ahí que el Congreso previera un período de transición de 180 días", afirma el juez de circuito Gerard Lynch.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) había presentado una moción para pedir a la justicia la detención inmediata del programa de grabaciones masivas a los ciudadanos de Estados Unidos, declarado ilegal hace unos meses pero que, a pesar de todo, podrá continuar por el momento.
El tribunal de apelaciones ha resuelto que no tiene derecho a intervenir en el plazo de transición, tras el cual se pasará a un nuevo sistema de vigilancia electrónica, ya que "aún está por ver si surgen desafíos legales con el nuevo sistema".
La reforma denominada USA Freedom Act (Ley de Libertades) fue aprobada por el Congreso con el objetivo de poner límites al programa de la NSA en la recolección de datos de las llamadas telefónicas tales como la hora, duración y número al que se llamó.
Este espionaje ha sido la medida más polémica entre las puestas en marcha tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en el marco de la Patriot Act (Ley patriótica).
La reforma de la ley transfiere la responsabilidad del almacenamiento de datos a las empresas telefónicas, permitiéndoles tan solo la entrega de esa información a las autoridades si estas obtienen una orden de un tribunal secreto antiterrorista que identifique a cada persona concreta como sospechosa de terrorismo.
La revelación del programa de espionaje masivo de la NSA en 2013 por Edward Snowden, excontratista de dicho organismo, hizo públicos los programas de largo alcance de recolección de datos de compañías telefónicas y de Internet.
Después de que esto se hiciese publico, países aliados como Alemania, desconcertados después de que Snowden demostrase que habían sido espiados por Washington, denunciaron este hecho de manera enérgica.
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